ecológica y vulnerabilidad. Las PSSA, reconocidas por la Organización Marítima Internacional (OMI),
permiten la implementación de medidas especiales de protección, mientras que las APEI, promovidas
por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), buscan resguardar ecosistemas únicos y
frágiles, especialmente aquellos situados fuera de las jurisdicciones nacionales. Estas iniciativas tienen
como propósito mitigar los impactos negativos de actividades humanas como el transporte marítimo
y la minería en aguas profundas (Espinoza, 2017).
Por otro lado, los cierres de pesca enfocados en la protección de los Ecosistemas Marinos Vulnerables
(EMV) constituyen una estrategia clave para la conservación de hábitats críticos, como montes
submarinos, arrecifes de coral de aguas frías y jardines de esponjas. Estas restricciones, que pueden
ser temporales o permanentes, son fundamentales para mantener la estructura y funcionalidad de los
ecosistemas marinos, garantizando la sostenibilidad de las poblaciones de peces y la salud general de
estos hábitats (González, 2018).
Las estrategias destinadas a la conservación de los ecosistemas marinos y costeros son diversas y
presentan distintos objetivos, metodologías de implementación, sistemas de monitoreo y mecanismos
de gobernanza. Un ejemplo representativo es la Planificación Espacial Marina (MSP), cuyo objetivo
principal es la gestión sostenible del espacio marítimo y sus recursos, buscando equilibrar intereses
económicos, ambientales y sociales. Su implementación exige un enfoque a gran escala, usualmente
a nivel nacional o regional, y sigue un proceso iterativo que involucra la recopilación de datos, el
análisis y la participación de múltiples actores. Para su ejecución, se establecen zonificaciones marinas
y planes de gestión, con énfasis en el monitoreo y la evaluación adaptativa. En términos de
gobernanza, la MSP implica estructuras complejas que abarcan distintos niveles de gobierno y
sectores. Un caso destacado es el plan de MSP del Mar Báltico, donde varios países han coordinado
esfuerzos para administrar de manera sostenible el uso del espacio marítimo (Espinoza, 2017).
Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) se establecen con el propósito de conservar la biodiversidad
marina y los ecosistemas mediante la regulación o restricción de actividades humanas que puedan
resultar perjudiciales. Estas áreas pueden abarcar desde pequeñas zonas locales hasta vastas regiones
oceánicas, y su implementación requiere normativas específicas y planes de manejo detallados. Para
su puesta en marcha, se llevan a cabo procesos como la demarcación del área, la formulación de reglas
de uso y la implementación de programas de monitoreo para evaluar su efectividad en la
conservación. La gobernanza de las AMP puede estar a cargo de agencias gubernamentales o, en
algunos casos, ser gestionada en un esquema de co-gobernanza con comunidades locales. Un
ejemplo destacado es la Gran Barrera de Coral en Australia, una de las AMP más extensas y mejor
administradas a nivel mundial (García, 2021).
En el mismo sentido, las Áreas Marinas Particularmente Sensibles (PSSA) han sido reconocidas por la
Organización Marítima Internacional (OMI) como regiones que requieren protección especial debido a
su relevancia ecológica, socioeconómica o científica y a su vulnerabilidad frente a las actividades
marítimas. Su implementación opera a nivel internacional y exige una designación formal por parte de
la OMI, seguida de la aplicación de medidas específicas adaptadas a las necesidades de cada PSSA.
La gobernanza de estas áreas se basa en regulaciones internacionales y en la cooperación entre los
estados miembros. Un caso representativo es el Santuario Marino del Archipiélago de Galápagos, que
ha sido designado para proteger su biodiversidad única frente a las amenazas derivadas del transporte
Epicentro N°2 - 2025. Ciencia - Tecnología - Innovación.
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